México ha hecho historia en el ámbito del aborto. Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la Norma Oficial Mexicana 046, que obliga al Estado a implementar medidas para garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación de menores de 12 años.
Esto significa que las menores no requieren el permiso de sus padres ni la presentación de una denuncia para ejercer su derecho.
En 2009, la NOM-046 estableció que las mujeres mexicanas tienen el derecho de interrumpir un embarazo por violación en cualquier estado del país. En 2016, se reformó para eliminar el requisito de denuncia, considerando suficiente la declaración bajo protesta de decir verdad para proporcionar el servicio en cualquier hospital público o privado en México.
Hoy, con un voto de nueve a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que las niñas menores de 12 años víctimas de violación podrán ejercer su derecho a abortar sin necesidad de presentar una denuncia previa o contar con el consentimiento de sus padres o tutores.
Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó que la NOM-046 tiene como propósito proteger a las menores víctimas de violación, permitiéndoles actuar sin depender del consentimiento parental o de alguna otra autoridad para ejercer su derecho al aborto en condiciones médicas y sanitarias adecuadas.
En estos casos, el Estado no solo debe evitar obstaculizar o criminalizar el aborto, sino que tiene la obligación de adoptar medidas que aseguren el acceso a la interrupción del embarazo en condiciones dignas, adecuadas e igualitarias, y con la prontitud necesaria para tomar decisiones en situaciones de esta naturaleza.
Forzar a las mujeres o niñas a continuar con un embarazo resultante de una violación es una violación a su dignidad humana, autonomía y libre desarrollo de la personalidad, además de ser revictimizante y constitutiva de violencia de género. Ninguna niña debería ser obligada a ser madre, ni por parte del Estado ni de sus padres, madres o tutores. La transgresión a sus derechos es aún más grave dado su estatus de víctimas y su edad, lo que obliga a abordar el tema desde la perspectiva de los menores de edad.
