El Juzgado de lo Penal número 2 de Cartagena, en Murcia, España, ha condenado al director del periódico digital La Tribuna de Cartagena, Josele Sánchez, a tres años de prisión, una multa de 3000 euros (poco más de 3200 dólares) y 15,000 de indemnización (más de 16,000 dólares) por revelar datos personales de la víctima de violación en el caso de La Manada (puedes leer más sobre el caso aquí).
El supuesto periodista, quien arguye que solo estaba ejerciendo su libertad de expresión, se tomó la libertad de escribir un artículo de opinión donde no solo revictimizó a la joven, sino que también hizo público su nombre, apellidos, DNI (documento nacional de identidad), domicilio y lugar de estudios en un ensayo titulado “Yo no te creo”.
Las terribles consecuencias de sus actos
La sentencia lo hace responsable por un delito comprobado contra la integridad moral, así como por el descubrimiento y revelación de “datos de carácter reservado que afectaban a la privacidad de la víctima”. A esto se suma que Sánchez anexó dos fotografías; una de ellas era parte de la evidencia que la joven se negó a ver en el juicio, debido a que correspondía a uno de los momentos de la agresión.
Tras la publicación de la mal llamada opinión, la víctima se vio obligada a abandonar el país y a pausar sus estudios debido a las amenazas, insultos y montajes fotográficos que comenzó a recibir, los cuales, según el juez, le causaron “ansiedad generalizada ante la posibilidad de ser reconocida”.
Una bofetada con guante blanco
A pesar de las consecuencias de sus acciones, Sánchez seguía convencido de que estaba ejerciendo su libertad de expresión como periodista en el artículo publicado en mayo de 2018. Sin embargo, el mediador del juicio lo silenciaba de manera magistral señalando lo siguiente:
La libertad de opinión se termina donde choca con el respeto al honor y a la intimidad de las personas, lo que se traduce en la prohibición de utilizar términos o expresiones insultantes o vejatorias. La libertad de expresión no implica un derecho al insulto.
Las expresiones que se han transcrito en el relato de hechos carecen por completo de relevancia para la opinión enviada y solo pueden explicarse razonablemente desde la intención de causar daño a la afectada.
