La historia de Gabriela Escamilla ha impactado profundamente a México, ya que el 9 de diciembre fue arrestada y encarcelada bajo la Ley Olimpia por presentar a las autoridades de Jalisco una fotografía como evidencia del abuso sexual que sufrió su sobrina de seis años. Familiares y amigos demandan justicia tanto para ella como para la niña, ya que el principal agresor sigue en la clandestinidad.
Grupos feministas han comenzado a involucrarse en el caso, acusando de violencia machista y sistemática a las autoridades de los juzgados en Jalisco, quienes utilizaron la ley en contra de los familiares de la víctima, ignorando el daño causado a la menor.
Según sus abogados, Gabriela estaba cuidando de su sobrina y notó que algo no estaba bien, por lo que tomó una fotografía para denunciar el posible abuso sexual que estaba sufriendo la menor.
Durante su cuidado, ya que pasaban mucho tiempo juntas, al cambiarla, Gabriela se dio cuenta de que la niña presentaba signos de daño en sus partes íntimas. Al preguntarle, la niña le contó que su padre la tocaba, por lo que ella decidió documentar la situación tomando una fotografía para poder investigar lo que estaba sucediendo.
– Érika Córdova Catalán, abogada de Gabriela
La joven tardó un tiempo en presentar la denuncia porque buscaba asesoría y, cuando finalmente lo hizo ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE), el caso tomó un giro inesperado.
La FGE decidió archivar la investigación sin investigar al presunto agresor, quien aún mantenía la custodia de la menor. Sin embargo, Gabriela persistió en su solicitud para que se reabriera el caso de su sobrina, lo que aparentemente molestó al Ministerio Público, que en represalia presuntamente ordenó su detención por haber fotografiado y almacenado la imagen íntima de la menor.
El asunto no se trata de que la señora tomara fotografías de las partes íntimas de los niños, sino que lo hizo en un contexto donde consideró necesario para poder presentar una denuncia y demostrar que ‘esto está sucediendo’. Lamentablemente, ese contexto no fue tomado en cuenta.
– Érika Córdova Catalán, abogada de Gabriela
La historia pronto se viralizó en las redes sociales, llegando incluso a Olimpia Coral (promotora de la Ley Olimpia), quien ofreció su apoyo incondicional para asegurar que la ley no se utilizara en su contra.
El 14 de diciembre, Gabriela asistió a una audiencia que duró más de nueve horas, en la que el juez de Control del Tribunal Superior de Jalisco, Felipe de Jesús Rivera, decidió no vincularla a proceso, ya que la Fiscalía no pudo demostrar que el almacenamiento de la imagen tuviera otra intención más allá de denunciar el abuso sexual contra la menor.
Además, la Fiscalía no llevó a cabo una investigación con perspectiva de género para establecer si Gabriela también era víctima de violencia, ni se realizó la investigación adecuada sobre la violencia que sufrió la niña.
Claudia Angélica Rangel, activista de la organización civil Cuepaliztli A.C, expresó su preocupación por el uso de la Ley Olimpia en contra de Gabriela, subrayando que su situación podría desalentar a las víctimas a denunciar a sus agresores.
Esto crea un clima de miedo y temor que aleja a las mujeres de la denuncia. La Ley Olimpia es muy clara, no puede utilizarse en contra de la persona que ha presentado pruebas a solicitud de una autoridad competente en la materia.
Afortunadamente, Gabriela ha recuperado su libertad y el caso de la menor ha sido asignado a las autoridades pertinentes para su investigación.
