En una rueda de prensa, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, comunicó que se han detectado a ocho individuos responsables del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, que resultó en 39 fallecidos y más de 27 heridos de gravedad.
Entre los implicados se encuentran cinco miembros de una compañía de seguridad privada, dos agentes federales y un funcionario estatal de migración, quienes ya han brindado su declaración ante las autoridades.
La funcionaria confirmó que ya se están preparando las órdenes de captura pertinentes y que las responsabilidades de cada uno se determinarán según la jerarquía de sus funciones.
Reprobamos al personal que no siguió los protocolos establecidos. No se brindará protección a nadie, no habrá impunidad. Si alguien es responsable, no se va a proteger a ninguna persona; esto no es como en administraciones anteriores.
Por su parte, Sara Irene Herrerías, fiscal especializada en Materia de Derechos Humanos, explicó que los inmigrantes detenidos temían ser deportados, lo que llevó a una protesta donde acumularon colchonetas e iniciaron un fuego. Cuando el fuego se propagó, ninguna autoridad actuó para abrirles la puerta o resguardarlos.
Es evidente que no había un protocolo ni reglamento que estuvieran siguiendo (…) no fueron capaces de abrir una reja. ¿Quién impidió la salida de estas personas? Desde luego, hay un delito grave.
Herrerías indicó que los delitos iniciales en la investigación fueron homicidio y daño a la propiedad ajena, pero podrían incluir otros como abuso de autoridad y maltrato, dependiendo de cómo avance la investigación y las pruebas que se obtengan. Para finalizar, mencionó que ya se realizaron las necropsias pertinentes y se iniciará con el protocolo de repatriación de los cuerpos.